- Queremos que la ciudadanía tenga más voz y voto para decidir quién dirige Europa. En las elecciones europeas, los europeos deberían saber a qué candidato votan. Esto no solo aumentaría la responsabilidad y la transparencia, sino que también garantizaría una mayor participación de los ciudadanos. Por tanto, queremos reforzar el proceso de «candidato principal» para que el partido más importante que forme mayoría tenga derecho a designar un candidato a la presidencia de la Comisión. Además, la postulación de cada candidato principal debería estar condicionada al apoyo de los respectivos partidos nacionales y al de los partidos europeos, obtenido a través de un proceso de designación democrática.
- Para aumentar la legitimidad democrática del conjunto de la Comisión, sería conveniente que cada futuro comisario pudiera presentarse, asimismo, a un puesto destacado en las elecciones de su Estado miembro y que cada comisario tuviera la posibilidad de ser también diputado al Parlamento Europeo. Además, consideramos que cada Comisión debería sustentarse en un acuerdo de coalición concreto basado en directrices políticas y en proyectos concretos.
- Queremos que el Parlamento Europeo tenga plenos derechos parlamentarios. Al igual que ocurre en el plano nacional, el Parlamento Europeo debería tener pleno derecho de iniciativa legislativa, y no dejar esta facultad exclusivamente en manos de la Comisión Europea.
- Queremos que el Parlamento Europeo tenga plenos derechos de control sobre la Comisión Europea. El Parlamento Europeo debería tener la capacidad de destituir a los comisarios a título individual, así como de presentar una moción de censura constructiva.
- Queremos reformar el Derecho electoral para crear una competencia de partidos vibrante que refleje la naturaleza de nuestra Unión y garantice que cada votante europeo tenga el mismo derecho a participar en las elecciones europeas, con independencia de su lugar de residencia.
- Queremos un mecanismo del Estado de Derecho que sea jurídicamente vinculante, a fin de proteger el Estado de Derecho frente a las disputas políticas cotidianas. El Tribunal de Justicia debería encargarse de revisar periódicamente la situación de los Estados miembros y estar facultado para imponer sanciones, en caso necesario, en particular de carácter financiero. En lo que respecta al Estado de Derecho, el Tribunal de Justicia debería tener siempre la última palabra.
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